El uso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito jurídico ya no es algo puntual, sino una realidad cada vez más presente en el día a día de muchos profesionales.
Sin embargo, los recientes casos de errores en contenidos generados por IA —las llamadas “alucinaciones”— están obligando a replantear una cuestión: ¿cómo se encajan estos fallos dentro del sistema de responsabilidad legal?
Un ejemplo reciente en Estados Unidos ha puesto el foco en este problema. Un despacho de primer nivel presentó documentación judicial que incluía referencias incorrectas generadas por una herramienta de inteligencia artificial. Más allá del impacto reputacional, el caso es interesante porque anticipa un debate que en Europa ya está sobre la mesa: qué ocurre cuando un error de la IA produce un daño real.
En el marco europeo, la respuesta no pasa por crear una categoría nueva de responsabilidad. No existe, a día de hoy, una “responsabilidad por errores de inteligencia artificial” como tal. En su lugar, estos supuestos se analizan utilizando las figuras tradicionales: responsabilidad contractual, extracontractual o, en determinados casos, responsabilidad por producto defectuoso. Esto obliga a centrar el análisis en aspectos clásicos del derecho: quién tenía el control del riesgo, qué obligación concreta se ha incumplido y si existe una relación directa entre el fallo y el perjuicio causado.
Cuando el afectado es el propio usuario de la herramienta, la discusión suele situarse en el ámbito contractual. No se trata tanto de que la IA haya generado una información incorrecta, sino de determinar si el proveedor del sistema ha incumplido lo que ofrecía en términos de fiabilidad, advertencias o necesidad de supervisión. En este tipo de situaciones, la prueba técnica resulta especialmente relevante, ya que sin registros o trazabilidad del uso del sistema, acreditar el origen del error puede ser complejo.
El escenario cambia cuando el daño afecta a terceros. En profesiones como la abogacía, el foco se desplaza claramente hacia el profesional que utiliza la herramienta. Un abogado no se limita a consultar una IA: asume como propio el contenido que presenta ante un tribunal. Convertir una respuesta probabilística en un argumento jurídico implica un deber de revisión que no puede eludirse.
Por eso, en España, un caso similar podría encajar como un incumplimiento de deberes profesionales básicos. El ejercicio de la abogacía exige actuar con diligencia, veracidad y lealtad. Presentar como reales resoluciones inexistentes no es un simple fallo técnico, sino una vulneración directa de esos principios. A partir de ahí, pueden abrirse distintos frentes: desde responsabilidad disciplinaria ante el colegio profesional, hasta posibles sanciones procesales o reclamaciones por responsabilidad civil si el cliente sufre un perjuicio. En supuestos más graves, incluso podría valorarse la existencia de responsabilidad penal.
En paralelo, el marco normativo europeo en materia de inteligencia artificial sí introduce ciertas obligaciones para los desarrolladores, especialmente en sistemas considerados de alto riesgo. Estos deben garantizar niveles adecuados de precisión, implementar mecanismos de control y gestionar los riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. Sin embargo, en los modelos de uso general, las exigencias son más limitadas y se centran principalmente en la transparencia y la documentación. En la práctica, la prevención de errores en estos sistemas funciona más como una garantía comercial que como una obligación jurídica estricta.
Todo ello refuerza una idea clave: la supervisión humana no es una recomendación, sino una exigencia. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, pero no sustituye el criterio profesional ni desplaza la responsabilidad.
En DPG Legal entendemos que la incorporación de la inteligencia artificial plantea oportunidades, pero también riesgos que deben ser gestionados correctamente. Evaluar el uso de estas herramientas desde una perspectiva jurídica, establecer protocolos de revisión y entender dónde se sitúan las posibles responsabilidades es, hoy en día, una necesidad para cualquier profesional o empresa que quiera utilizarlas con seguridad.
